Tamang*, una mujer sin tierras de 56 años que pertenece a una casta indígena minoritaria, vive cerca de una remota selva en Nepal con su esposo, quien sufre de desnutrición y una discapacidad importante, y con dos nietas que asisten a la escuela. La mayor acaba de comenzar el séptimo grado.
En mayo 2019, Sierra Leona se convirtió en uno de los primeros países de África en publicar un Índice de Pobreza Multidimensional Nacional (IPM-SL). El IPM-SL está compuesto por cinco dimensiones y 14 indicadores e identifica a una persona como pobre multidimensional si experimenta más del 40% de las privaciones seleccionadas para la medición.
El Instituto de Estadística de Estados Unidos publicó un informe con un ejercicio de medición de pobreza multidimensional llamado Índice de Privación Multidimensional (Multidimensional Deprivation Index-MDI) que complementa, sin re- emplazar, la medición oficial de la pobreza. El MDI, construido con base en el método Alkire-Foster, tiene seis dimensiones: estándar de vida, educación, salud, seguridad económica, calidad de la vivienda y calidad del vecindario.
Actualmente existe el consenso de que abordar la pobreza infantil es importante para romper los impulsores sociales y económicos de la pobreza a largo plazo y para reflejar la agenda de derechos humanos. De hecho, este compromiso se consagra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, dicho consenso es reciente y no es universal. Hace tan solo tres años estaba debatiendo el tema con unos funcionarios gubernamentales que decían que “los niños no pueden ser pobres porque no trabajan”. Así pues, es importante no caer en la complacencia y seguir trabajando para mejorar los enfoques basados en evidencias y en la defensa de los derechos, como se explica más adelante en esta edición de Dimensiones.
Parte de la relevancia de erradicar la pobreza infantil y adolescente radica en sus consecuencias sobre el desarrollo presente y futuro de las personas. La precariedad en la niñez tiene mayores probabilidades de ser permanente, pues sus efectos sobre la salud y el desarrollo físico y cognitivo suelen ser irreversibles. La dependencia económica y social de niñas, niños y adolescentes genera dinámicas complejas de vulnerabilidad que requieren estrategias apropiadas de política pública.