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Pobreza infantil-adolescente y derechos sociales en México: Una aproximación desde la medición multidimensional de la pobreza
Por Gonzalo Hernández Licona, Ricardo Aparicio y Paloma Villagómez*
Parte de la relevancia de erradicar la pobreza infantil y adolescente radica en sus consecuencias sobre el desarrollo presente y futuro de las personas. La precariedad en la niñez tiene mayores probabilidades de ser permanente, pues sus efectos sobre la salud y el desarrollo físico y cognitivo suelen ser irreversibles. La dependencia económica y social de niñas, niños y adolescentes genera dinámicas complejas de vulnerabilidad que requieren estrategias apropiadas de política pública.
Este artículo brinda un breve diagnóstico de la pobreza infantil y adolescente (menores de 18 años) en México, a partir de la metodología oficial de medición de la pobreza desarrollada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta metodología se sostiene en una perspectiva multidimensional de la pobreza y se basa en un enfoque de derechos humanos. Entre sus atributos permite proveer mediciones desagregadas, ya sea a nivel territorial – entidades federativas y municipios – o para grupos de atención prioritaria, entre ellos, la población infantil.
La posibilidad de dar seguimiento a la pobreza infantil y adolescente en México ha facilitado la colaboración entre el Coneval y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Ambas instituciones establecieron desde 2009 un esquema de trabajo conjunto en torno al estudio de la pobreza infantil que ha permitido profundizar en sus características, evolución e identificación de elementos para el diseño de políticas públicas. Hasta el momento, la colaboración entre ambas instituciones ha producido cuatro reportes (en 2010, 2012, 2013 y 2016) que dan seguimiento al estado de pobreza y el acceso a los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes.
Antecedentes
La obligación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la infancia se encuentra consignada en diversos instrumentos internacionales y nacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y la Ley General de Desarrollo Social (LGDS). Esta última también establece las atribuciones del Coneval en materia de evaluación de la política de desarrollo social y medición de pobreza. En lo que concierne a este segundo objetivo, la ley señala que la medición debe considerar el ingreso familiar, el rezago educativo y el acceso a servicios de salud, seguridad social, alimentación y servicios básicos en las viviendas, la calidad y espacios de las mismas, así como los grados de cohesión social y de acceso a carreteras pavimentadas.
La metodología para el cálculo de la pobreza multidimensional recupera el enfoque de derechos humanos al incorporar los principios de universalidad (está centrada en las personas, titulares universales de derechos), interdependencia (considera la intersección intrínseca entre las carencias sociales y de éstas con el ingreso), indivisibilidad (no jerarquiza las dimensiones y considera que existe privación social cuando al menos un derecho es vulnerado), y progresividad (permite observar cambios graduales derivados de políticas económicas que impactan el ingreso o intervenciones so- ciales que mejoran el acceso a los derechos). Así, la metodología define a una persona en situación de pobreza cuando no dispone de ingresos suficientes para adquirir las canastas de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios y, además, carece de acceso al menos a un derecho social. En la pobreza extrema, los ingresos son insuficientes para cubrir siquiera las necesidades alimentarias y las personas acumulan la mitad o más de las carencias sociales.
La pobreza infantil y adolescente en México
En 2016, la mitad de la población infantil y adolescente mexicana vivía en condiciones de pobreza, 9% vivía en pobreza extrema, y sólo uno de cada cinco menores estaba exento de privaciones económicas o sociales.
Los niveles de pobreza a nivel nacional prácticamente no han cambiado entre 2008 (44,4%) y 2016 (43,6%), pero la pobreza extrema sí ha disminuido sostenidamente. Este comportamiento también se observa entre la población infantil y adolescente: la pobreza extrema se redujo más de 30 por ciento durante el periodo.
Esta disminución ha sido posible gracias a la reducción de las privaciones sociales, entre las que destaca el acceso a los servicios de salud. Entre la población infantil y adolescente esa carencia se redujo a la tercera parte (de 39% a 13%). La falta de acceso a la seguridad social es la privación más elevada entre la población general y es aún mayor entre los menores de edad, indicando que los adultos no tienen acceso a mecanismos de protección que puedan hacer extensivos a sus hijos, quienes quedan expuestos a riesgos asociados con su edad como accidentes, enfermedades, y complicaciones perinatales, entre otros.
La población infantil y adolescente indígena muestra niveles de privación social muy superiores a los de la población no indígena (78,5% y 47,8%).
Las dificultades para elevar sostenidamente los ingresos de la población han sido el principal obstáculo para la reducción sostenida de la pobreza en México, situación que se agudiza entre la población infantil y adolescente. Si bien los menores no suelen percibir ingresos de manera directa, forman parte de familias jóvenes, numerosas, con menos proveedores económicos y más dependientes. Asimismo, las exigencias del inicio de la vida familiar presentan dificultades inherentes que se ven acentuadas por la inserción precaria de los jóvenes adultos en el mercado de trabajo y la ausencia de mecanismos de protección social universal.
La pobreza infantil y adolescente dista de ser homogénea. La infancia temprana, por ejemplo, es una fase de particular vulnerabilidad: a menor edad, las viviendas donde residen son de menor calidad y aumenta la falta de acceso a servicios de salud. Conforme la infancia avanza y los hogares se consolidan, otras carencias, como la inseguridad alimentaria y el rezago educativo se acentúan, privaciones que afectan el desarrollo futuro de los menores.
Por otra parte, algunos atributos como la pertenencia étnica se vinculan con escenarios de discriminación que mantienen a ciertas poblaciones en una situación de rezago histórico. La población infantil y adolescente indígena muestra niveles de privación social muy superiores a los de la población no indígena (78,5% y 47,8%). Con excepción del acceso a servicios de salud, cuya cobertura muestra avances significativos en zonas predominantemente indígenas, los menores están expuestos a privaciones que se traducen en la vulneración de sus derechos fundamentales.
Recomendaciones
La pobreza infantil y adolescente tiene dos rasgos distintivos: su dependencia de las condiciones de vida de los adultos a cargo de su cuidado, y la prolongación de sus efectos a lo largo de la vida.
Si bien la especificidad de la pobreza en esta etapa de la vida podría ameritar el diseño e incorporación de indicadores de pobreza particulares, consideramos que contar con mediciones diferenciadas elevaría el riesgo de fragmentar las acciones de política social y diluir sus efectos. En el caso de la población infantil, además, es claro que su bienestar depende, no exclusiva pero sí determinantemente, del bienestar de las y los adultos que les cuidan.
La interrupción de la reproducción intergeneracional de la pobreza es un aspecto central del diseño de políticas públicas para la infancia y la adolescencia. Romper con este carácter cíclico demanda acciones que, por un lado, mejoren sustantivamente el ingreso económico de las familias y promuevan su distribución justa al interior de los hogares, favoreciendo el desarrollo equitativo de los menores. Por otro lado, se requiere que todos los órdenes de gobierno y ministerios, de manera coordinada, fortalezcan el acceso y la calidad de servicios básicos en la infancia temprana, la niñez y la adolescencia.
Es indispensable reconocer la vulnerabilidad adicional a la que están expuestos los menores que pertenecen a poblaciones discriminadas (por ejemplo, rural e indígena), cuya precariedad estructural ha provocado el rezago histórico de la infancia. Se vuelve imprescindible trabajar en el fortalecimiento de mecanismos de protección contra toda forma de violencia, discriminación o explotación que vulnere los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia. Si bien estas situaciones no son privativas de la pobreza, ésta las agudiza, dejando a niñas, niños y adolescentes en estados de indefensión severa.
*Gonzalo Hernández Licona, Exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ricardo Aparicio, Director general adjunto de análisis de la pobreza de Coneval. Paloma Villagómez, Directora general adjunta de lineamientos de medición de pobreza y desarrollo social de Coneval.
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